Caso Ruffo: un juez de carrera negó la orden de aprehensión y una jueza electa la concedió
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El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel compareció el viernes por videoconferencia ante una jueza federal para enfrentar acusaciones de delincuencia organizada y delitos contra la salud en materia de hidrocarburos, en el caso de contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal. La orden de aprehensión que permitió su detención el jueves fue concedida por una juzgadora electa en la elección judicial de 2025, después de que un juez de carrera la había negado, de acuerdo con LatinUS.
Según ese medio, el 22 de junio el juez de distrito Mario Elizondo Martínez, especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la República al considerar que el Ministerio Público federal no había aportado pruebas suficientes para acreditar los delitos. La causa quedó identificada como 219/2026. El 13 de julio, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Nezahualcóyotl, concedió la orden y ordenó prisión preventiva oficiosa.
La propia Ramírez de la Vega aclaró que resolvió la solicitud por encontrarse de guardia y que el proceso penal corresponde ser resuelto por el juez Elizondo Martínez, según LatinUS. La reconstrucción de las fechas fue confirmada por La Jornada, que ubicó el rechazo inicial el 22 de junio en la causa 219/2026.
Ramírez de la Vega fue electa por voto popular en la elección judicial de junio de 2025, derivada de la reforma al Poder Judicial; a esas juzgadoras se les llama coloquialmente del bienestar. El detalle es relevante porque la reforma ha estado acompañada de cuestionamientos sobre la imparcialidad de los juzgadores electos, y en este caso alimenta el debate sobre si el cambio de juez influyó en el resultado.
Las versiones
La FGR atribuye a Ruffo participación en una organización dedicada al contrabando de combustible. La fiscal general, Ernestina Godoy, señaló que la investigación identificó una estructura logística y financiera que habría causado un daño millonario al erario mediante evasión fiscal y comercialización ilegal de combustibles. Las indagatorias vinculan al exgobernador con la empresa Ingemar, de la que sería accionista mayoritario, y parten del decomiso, en abril de 2025, de unos 15 millones de litros de combustible transportados en ferrotanques en Coahuila.
La investigación identificó una estructura logística y financiera que causó un daño millonario al erario público mediante la evasión fiscal y la comercialización ilegal de combustibles, señaló la fiscal general Ernestina Godoy, según El Imparcial.
La defensa de Ruffo sostiene otra versión. Sus abogados denuncian irregularidades en la reasignación del expediente y argumentan que la Fiscalía insistió con la misma solicitud tras el rechazo inicial hasta obtener una resolución favorable, por lo que pidieron al Poder Judicial revisar la legalidad del procedimiento, de acuerdo con El Imparcial. Hasta el momento no hay sentencia y el exgobernador mantiene la presunción de inocencia.
La audiencia inicial de la causa 253/2026 se realizó el viernes a puerta cerrada y de manera remota, con los imputados conectados desde las oficinas de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, mientras la jueza presidía desde el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Entre los coacusados figura Ricardo Thompson Navarro, señalado como otro accionista de Ingemar. En la diligencia, el Ministerio Público formuló la imputación y la defensa presentó sus argumentos; de acreditarse la probable responsabilidad, Ruffo podría ser vinculado a proceso y trasladado a ese penal.