EU advierte que su ofensiva contra el narco y los políticos coludidos no termina con la condena a 'El Mayo'
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El mismo día en que un juez federal de Nueva York sentenció a Ismael 'El Mayo' Zambada a cadena perpetua, el 20 de julio, autoridades de Estados Unidos dejaron claro que la ofensiva judicial contra el Cártel de Sinaloa y contra los funcionarios que lo protegieron no concluye con esa pena. El cofundador del cártel, de 76 años, se había declarado culpable en agosto de 2025 de dirigir una empresa criminal continua y de asociación delictuosa, y fue condenado además a entregar 15 mil millones de dólares. La Fiscalía federal y la DEA acompañaron la sentencia con un mensaje: seguirán.
"Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses... Hoy ese capítulo se cierra para siempre": Joseph Nocella Jr., fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, según Al Jazeera.
El fiscal Nocella agregó que la estructura de mando del cártel sigue bajo investigación de los fiscales federales. La DEA fue más explícita sobre el alcance de la advertencia.
"Esta sentencia envía un mensaje claro a cada cártel y a cada líder terrorista extranjero: no importa cuán poderoso te vuelvas ni cuánto evadas a la justicia, la DEA no dejará de perseguirte": comunicado de la DEA, citado por medios estadounidenses.
Qué implica y qué no
La 'cruzada contra los políticos coludidos' tiene una parte concreta y otra que, hasta ahora, es retórica. En su audiencia de culpabilidad de 2025, Zambada admitió haber pagado sobornos a policías, militares y políticos mexicanos durante medio siglo, pero no dio un solo nombre y su defensa adelantó que no lo hará, según reportó CNN en Español. Es decir: el capo confesó el mecanismo de corrupción, no a los corruptos.
Lo que sí existe como acusación formal es un expediente distinto. El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia imputó y pidió la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios por presuntos nexos con 'Los Chapitos', apoyándose en listas manuscritas de pagos y testimonios. Ninguno ha sido juzgado y la Fiscalía General de México rechazó ejecutar las órdenes al considerar que faltan pruebas, de acuerdo con Factchequeado. Cuando funcionarios estadounidenses hablan de 'políticos corruptos' en abstracto, sin nombres ni pruebas presentadas ante un tribunal, se trata de una declaración política, no de un hecho probado.
Las versiones
El gobierno mexicano rechaza la injerencia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que Washington 'muchas veces ha usado acusaciones de vínculos con el narcotráfico contra políticos para generar injerencia o debilitar gobiernos', y tras la condena calificó de 'obvio' que agentes estadounidenses participaron en la captura de Zambada en 2024, según La Opinión. Su administración ha exigido 'pruebas contundentes' antes de actuar contra los funcionarios señalados.
Con Zambada preso de por vida y su fortuna decomisada, Estados Unidos presenta el caso como el fin de una era. Pero la promesa de que 'esto no termina aquí' apunta a un terreno más resbaladizo, el de los políticos mexicanos, donde por ahora conviven acusaciones formales sin sentencia, una confesión sin nombres y una advertencia sin lista pública. La distinción no es menor: perseguir a un capo condenado no es lo mismo que probar, ante un juez, la culpa de un funcionario.