Marina del Pilar confirma contactos con presuntos intermediarios de Estados Unidos tras la difusión de nuevos audios
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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena, confirmó el lunes 13 de julio de 2026, mediante un comunicado del Gobierno del estado, que sostuvo conversaciones con personas que "se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación". La confirmación llegó horas después de que el periodista Héctor de Mauleón publicara en su columna de El Universal un segundo audio atribuido a la mandataria, en el que se le escucha hablar de su situación legal en Estados Unidos. El mismo periodista divulgó una primera grabación el 21 de junio.
En el comunicado, la gobernadora sostuvo que sus interlocutores le "plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones", sin precisar cuáles. Añadió que las referencias del audio a compartir información "corresponden exclusivamente a la coordinación institucional que mantiene Baja California, como entidad fronteriza, con autoridades de México y EE UU en materia de seguridad", según EL PAÍS. Milenio y El Financiero reprodujeron del mismo texto la frase "no existe ningún acto que ocultar".
Qué se escucha en la grabación
Según la transcripción publicada por EL PAÍS, la voz atribuida a Ávila Olmeda pregunta si Washington busca extraditarla y ofrece compartir información a la que tuvo acceso en las mesas de seguridad, donde autoridades mexicanas intercambian datos sobre grupos criminales. También expresa inconformidad ante una posible sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y pide que los siguientes encuentros sean en México. Las coberturas describen al interlocutor como un presunto asesor externo del FBI, sin confirmación oficial.
"¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición? [...] Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de Seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes": voz atribuida a Marina del Pilar Ávila en el audio, según la transcripción de EL PAÍS.
El episodio se enmarca en el retiro de visas a la pareja. El 10 de mayo de 2025, Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora y coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno estatal, informó que Estados Unidos le revocó la visa; días después, ella anunció una notificación similar. Se divorciaron en octubre de 2025 y ningún gobierno ha explicado los motivos. Tras el primer audio, la gobernadora dijo el 23 de junio que en enero recibió a personas que se ostentaron como intermediarios de una agencia estadounidense y que contrató como asesor legal al abogado Michael Nadler, exfiscal federal en Estados Unidos.
Las versiones
El Gobierno federal respaldó a la gobernadora. En la conferencia matutina del 14 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la identidad del interlocutor y descartó ilícito alguno. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que un primer análisis no arroja que se fuera a compartir información confidencial.
"No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. [...] No se escucha nada que comprometa la seguridad nacional, ni la seguridad del estado de Baja California. No pensamos que haya un delito que perseguir": Claudia Sheinbaum, presidenta de México, según El Universal.
La oposición hizo la lectura contraria. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió que la gobernadora solicite licencia mientras se investigan las grabaciones y planteó si los hechos no configurarían traición a la patria, según Zeta Tijuana. No existe imputación formal contra Ávila Olmeda por ese ni por ningún otro delito.
Lo que no se sabe
Puntos centrales siguen sin aclararse. No se sabe quiénes son los llamados intermediarios ni si representaban al Gobierno de Estados Unidos; la propia gobernadora dice que nunca acreditaron esa calidad. Tampoco se sabe si hubo pago por gestiones o asesoría, de cuánto, con qué recursos ni si se usaron fondos públicos: ni ella ni el Gobierno de Baja California lo han informado. El Departamento de Justicia estadounidense y el FBI no han confirmado investigación, cargos ni proceso abierto en su contra, y en México no se ha anunciado una carpeta de investigación.
La gobernadora se mantiene en el cargo y ha dicho que atenderá cualquier requerimiento formal por los canales oficiales. El PAN insiste en la licencia. Queda pendiente si la Fiscalía General de la República o el Congreso estatal abren una indagatoria.