Sheinbaum se deslinda de la recomendación de la CNDH que exime al Ejército en el caso Ayotzinapa
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La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó este lunes 13 de julio de la recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que concluye que no hay elementos para acreditar la responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. "Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro", dijo en su conferencia matutina, según Infobae, y añadió: "Es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada". Instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a revisar el texto y preparar una postura oficial del gobierno federal.
La recomendación fue firmada el 2 de julio de 2026 por la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y se hizo pública el 9 de julio. Tiene más de 860 páginas, deriva de una queja que las madres y los padres presentaron en junio de 2021 y se dirige a 17 autoridades federales, estatales y municipales. Conviene aclarar el instrumento: no es vinculante; la ley solo exige que cada destinatario responda si la acepta y, en su caso, acredite su cumplimiento.
Lo que la CNDH acredita es distinto de lo que descarta. El organismo da por acreditadas violaciones graves a los derechos humanos de 92 normalistas por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014: desaparición forzada y tortura contra 40 estudiantes, violaciones al derecho a la integridad personal y a la vida de otros seis —incluida la ejecución extrajudicial de uno de ellos— y uso excesivo de la fuerza contra el resto de los sobrevivientes, además de la violación del derecho a la verdad y a la justicia por las deficiencias de la investigación. Aquella noche en Iguala, Guerrero, policías municipales atacaron a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que se habían apoderado de autobuses: seis personas murieron y 43 desaparecieron.
En cambio, la CNDH concluye que no encontró evidencia de participación directa ni de responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas, y acota lo militar a omisiones individuales, con 20 elementos vinculados a proceso penal. El documento no se dirige a la Secretaría de la Defensa Nacional ni a la Secretaría de Marina, y cuestiona los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Covaj, que en los sexenios anteriores construyeron las principales líneas de investigación.
Las versiones
Sheinbaum evitó respaldar o rechazar el contenido: "Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en parte del informe o en su visión completa", señaló, según Infobae. Sobre los avances, dijo que prefiere presentarlos de forma integral: "Lo que quisiera es no presentarlo así aisladamente, sino que se informe cuáles son los datos, cuál es la investigación que se ha hecho", de acuerdo con El Universal.
Los abogados y las familias lo leen de otro modo. Isidoro Vicario, representante legal de las madres y los padres, subrayó a quién no se dirige.
Desde las primeras hojas vemos que la recomendación viene dirigida a diversas autoridades, menos a la Secretaría de la Defensa Nacional ni a la Secretaría de Marina: Isidoro Vicario, abogado de los padres de los 43, según SDP Noticias.
Vicario afirmó que "lo que plantea la recomendación es quitarle la responsabilidad al Ejército, y eso es muy lamentable", y que la CNDH no se acercó a las familias antes de publicarla. Clemente Rodríguez, vocero de los padres, declaró a La Razón: "Es un golpe muy duro para nosotros. Más que un golpe, es una traición". El Centro Prodh, que acompaña a las familias, sostuvo que la CNDH "nuevamente muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército".
El caso atraviesa tres gobiernos: el de Enrique Peña Nieto, cuya "verdad histórica" fue desacreditada; el de Andrés Manuel López Obrador, que creó la Covaj y convocó al GIEI; y el actual, que ahora debe responder a un organismo que contradice a ambos.
Lo que sigue: las 17 autoridades destinatarias deben responder a la CNDH si aceptan la recomendación dentro de los plazos de ley, y Gobernación debe entregar su revisión y una opinión oficial. Sheinbaum anticipó un informe con las nuevas líneas de investigación abiertas junto con la FGR, sin fecha precisa.