SRE publica documentos sobre la solicitud de extradición de Rocha Moya mientras el gobernador con licencia niega tener resguardo federal
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos el 8 de julio tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. Un día después, Rocha Moya reapareció mediante un comunicado difundido en la red social X, en el que aseguró permanecer en su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo y negó contar con resguardo de corporaciones federales. El expediente ha derivado en un cruce de versiones entre el gobierno mexicano, el estadounidense y medios de comunicación.
El caso se originó el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA anunciaron una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Según los cargos, los señalados habrían colaborado con la facción de 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa y facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional. Uno de los acusados, el exmando policiaco Juan Valenzuela Millán, enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte.
Entre los documentos divulgados por la SRE está el oficio ASJ-22632, fechado el 30 de abril, en el que la dependencia expresó a la embajada estadounidense su preocupación por la revelación pública de los nombres y cargos antes de que se ejecutaran órdenes de aprehensión. La Cancillería advirtió que difundir esos datos 'puede tener impacto en el resultado deseado de los procedimientos de extradición'. Las notas diplomáticas permanecen reservadas por tratarse de comunicaciones entre Estados vinculadas a procesos judiciales en curso. 'Nuestro compromiso es con la transparencia', dijo la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter, según Grupo Animal, medio que destacó que solo se abrieron tres de los documentos que habían sido reservados por cinco años.
Las versiones
El comunicado de Rocha Moya respondió a una columna del periodista Carlos Loret de Mola publicada el 9 de julio en El Universal, según la cual fuerzas federales acudieron al lugar donde se encontraba el gobernador con licencia y cambiaron su ubicación ante la posibilidad de una acción del gobierno estadounidense. Rocha Moya calificó esa versión de falsa.
"No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal": Rubén Rocha Moya, en su comunicado del 9 de julio, recogido por El Universal.
En el mismo texto, el gobernador con licencia sostuvo: 'He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico'. Según ese diario, solicitó licencia hace 69 días y su última aparición pública fue el 26 de mayo, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El gobierno federal negó proteger al mandatario estatal. '¿Blinda la 4T a Rocha Moya? Falso', dijo la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, citada por Grupo Animal. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que 'no vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito', de acuerdo con La Jornada San Luis, aunque sostuvo que cualquier extradición requiere pruebas. Según Aristegui Noticias, Sheinbaum afirmó además que 'muchas veces el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la acusación de vínculos con el narcotráfico' contra personas o políticos como mecanismo de injerencia o debilitamiento de gobiernos, y citó como antecedente las memorias del expresidente Miguel de la Madrid sobre acusaciones sin pruebas de un embajador estadounidense.
Los encuadres difieren: mientras El Universal puso el foco en el presunto operativo de resguardo y en el silencio público del gobernador, Grupo Animal subrayó la apertura parcial de los archivos, y Aristegui Noticias destacó la denuncia presidencial de injerencia estadounidense.
Las solicitudes de extradición fueron turnadas a la FGR, responsable del procedimiento conforme a la legislación mexicana. La SRE señaló que ninguna acción judicial puede proceder sin pruebas suficientes bajo el sistema penal acusatorio. No se han anunciado plazos para resolver las solicitudes ni se conoce si existen órdenes de aprehensión ejecutables en México.